La fiscalía que conduce Diego Hevia está tras los pasos de una organización que se habría dedicado a estafar a personas mediante la compra de vehículos ofrecidos a través de redes sociales. Por el caso, uno de los integrantes fue procesado, se ordenó la captura de otro y se investiga la posible participación de un tercer sospechoso.

Durante una audiencia, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás, siguiendo los lineamientos de Hevia, detalló cómo operaba el grupo. Estos fueron los puntos más importantes que expuso durante la audiencia realizada ayer:

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1- Los acusados buscaban oportunidades en redes sociales para adquirir motocicletas, automóviles y camionetas que estaban a la venta.

2- Utilizaban identidades falsas, principalmente bajo los nombres de Jessica Naranjo y Carlos Facundo Sánchez, para contactar a los vendedores.

3- Realizaban ofertas para comprar los vehículos. Generalmente proponían abonar una parte en efectivo y el resto mediante cheques.

4- Concertaban encuentros con los propietarios y concretaban la operación una vez que las víctimas firmaban la documentación correspondiente.

5- Cuando los damnificados se presentaban en los bancos para cobrar los cheques, descubrían que eran apócrifos.

6- Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, los sospechosos revendían los vehículos a terceros aparentando que toda la documentación se encontraba en regla.

7- Briz Tomás estimó que existen al menos seis damnificados, aunque no descartó que con el avance de la investigación aparezcan nuevas víctimas.

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A partir de una de las denuncias, Hevia obtuvo una orden de allanamiento para localizar a uno de los sospechosos. El procedimiento se realizó en el barrio Policial, de Los Pocitos. Según explicó la representante del Ministerio Público, no sólo se concretó la detención de uno de los acusados, sino que además se secuestraron dos motocicletas, ocho teléfonos celulares, cinco cédulas de identificación vehicular, una notebook, dos dispositivos Posnet, un formulario 08 en blanco, talonarios de recibos, chips telefónicos, fotocopias de documentos nacionales de identidad, un pendrive y documentación relacionada con distintos vehículos.

“Existió una utilización sistemática y reiterada de identidades falsas en redes sociales, mediante una multiplicidad de líneas telefónicas dadas de alta con documentación apócrifa”, explicó Briz Tomás. “En ningún caso las víctimas pudieron recuperar ni el dinero ni los vehículos. Incluso, durante el allanamiento realizado en su domicilio, el acusado intentó ocultar su teléfono celular en el ventiluz del baño”, agregó.

Roles diferenciados

La auxiliar fiscal también describió la estructura de la organización y sostuvo que sus integrantes tenían roles claramente diferenciados para captar a las víctimas, concretar las operaciones y posteriormente comercializar los vehículos mediante distintas maniobras.

“El coimputado no pudo ser localizado pese a la orden de detención vigente, por lo que ya se dispuso su captura y rebeldía. También estamos investigando la probable participación de un tercer involucrado”, manifestó la representante del Ministerio Público Fiscal.

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Briz Tomás recalcó que el acusado “demostró capacidad para ocultar información, utilizar identidades falsas y hacer desaparecer vehículos, lo que evidencia la existencia de una estructura integrada incluso por una persona prófuga. Por esa razón, la prisión preventiva es la única medida que, en esta etapa del proceso, resulta razonable para garantizar la investigación”. Con esos argumentos solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 90 días. El juez interviniente aceptó parcialmente el planteo: hizo lugar a la formulación de cargos, pero dispuso que el imputado permanezca detenido por un plazo de 60 días.